educacion reforma

Por Patricia Hernández Acevedo y Laura Serguera Lio

Quizás como pocas veces en tiempos recientes las agendas política, mediática y pública han coincidido, en diferente medida, en torno a un tema consustancial al futuro de la nación. El proceso de reforma constitucional que hoy se encuentra en fase de consultas populares representa para todos interrogantes, consensos e inconformidades acerca de la sociedad que deseamos construir.

La Asamblea Nacional del Poder Popular contempla en el proyecto que debatimos modificar 113 artículos, mantener 11 y eliminar 13, para actualizar, entre otros, derechos ciudadanos que desde 1976, año en que se aprobó nuestra Carta Magna vigente, han cambiado en el escenario internacional.  Debatimos, proponemos, incluso comparamos nuestras disposiciones con las de otros estados, mas, el objetivo principal de la “renovación” del texto no es estar a tono con tendencias globales; es lograr que la ley sea coherente con la realidad socioeconómica cubana.

¿Quiere esto decir que el análisis de otras constituciones sea infértil o pueda aportar poco a la conformación de la nuestra? Ni mucho menos, pero el propósito debe ser sentar bases para el proyecto de país que soñamos sin que ello implique hacer concesiones con las cuales perdamos derechos que, desde hace más de cuatro décadas, la Constitución nos garantiza a los cubanos y en la mayoría de los países del mundo son todavía quimeras.

En pocos días comenzará en nuestra facultad la consulta popular entorno al nuevo Proyecto de Constitución, debates que ya han llegado a las aulas universitarias del país. Puede que sea este el escenario propicio para abordar un tema que aún no ha sido recurrente en las discusiones, quizá porque es nuestro sector el principal interesado.

El Artículo 38 de la actual Ley de leyes, en su inciso ch) asegura la gratuidad de la enseñanza sin límites de ningún tipo. Ahora, la nueva Carta Magna propone un cambio significativo, aunque casi imperceptible, referente a las garantías educacionales en el país pues se nos presenta como modificado el Artículo 84, que en su párrafo 220, define que “la educación será gratuita desde el nivel preescolar hasta el universitario de pregrado”, una acotación novedosa en el renovado proyecto.

De esta forma, el artículo 84 del texto constitucional excluye de la condición de gratuidad a la enseñanza postgraduada. El párrafo 222 de dicho artículo plantea que “se garantiza la formación postgraduada y la educación de las personas adultas, de conformidad con las regulaciones establecidas”. Esto nos remite, entonces, a que el Estado determinará mediante leyes posteriores cuáles de los cursos de postgrado mutarán de su condición de gratuidad.

Hasta el momento, esta modalidad de educación es gratuita para los ciudadanos cubanos, no así para los extranjeros. Respecto al tema el Secretario del Consejo de Estado y de Ministros, Homero Acosta, explicó en plenaria de la Asamblea Nacional que no todos los estudios de postgrado serán cobrados, pues cuando respondan a interés de una institución o del Estado, este lo asumirá, “pero cuando es un interés personal, por un asunto muy propio, es válido, legítimo que el estado incorpore esa posibilidad” (de cobrarlo).

Y surgen las preguntas: ¿Quién y cómo determina en qué casos los estudios de postgrado son de interés estatal e institucional y en cuales personal? ¿No es siempre interés del Estado que los ciudadanos perfeccionen su preparación? ¿Dejamos atrás la época en que era rasgo distintivo de la Revolución cubana la plena accesibilidad a una educación pública, gratuita y de calidad? ¿Pensamos construir el socialismo infravalorando la formación académica hasta los más altos niveles o, en su defecto, apostando a las posibilidades económicas de cada uno o a la subjetividad de decisores?

La propuesta se torna contradictoria si tenemos en cuenta que precisamente a partir del curso escolar 2016-2017 se ha implementado progresivamente el nuevo Plan de estudios E, diseñado por el Ministerio de Educación Superior (MES) con características que lo diferencia sustancialmente de los precedentes, entre ellas que se reduce el currículum docente a cuatro años en la mayoría de las carreras universitarias y apuesta por la auto preparación.

El MES fundamenta este plan, entre otras, en la premisa de la educación continua, cuya etapa terminal es la educación de postgrado: “que asegure la formación permanente y la actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, el desarrollo de altas competencias profesionales y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación, así como el enriquecimiento de su acervo cultural”.

¿Quedamos entonces desamparados los universitarios cubanos? ¿Qué hacer si mientras el MES reduce los planes de estudio con el aliciente de estimular el perfeccionamiento en cursos posteriores, la nueva Constitución podría limitar las posibilidades reales de acceso a esa modalidad de enseñanza?

Más allá del dilema pragmático se nos plantea una discrepancia con la historia, incluso con el principio social de igualdad de oportunidades para todos los individuos y con la prioridad dada a las capacidades intelectuales por encima de las económicas que durante décadas han sido signo de la política educacional del país.

A algunos puede preocuparles que esta condición se extienda a la totalidad de estudios universitarios, algo poco probable, pues el propio proyecto asegura su gratuidad, pero que podría hallar un precedente en esta reforma Constitucional. No obstante, es necesario esperar a que culminen los debates en los centros de altos estudios para conocer a ciencia cierta las reacciones de la comunidad universitaria.