Propiedad

Por Haroldo Miguel Luis Castro y Mario Ernesto Almeida

Si usted llega a una cafetería particular –a cualquiera– y pregunta al dueño del establecimiento por el artículo 68, de seguro recibirá como respuesta una serie de muecas o gestos cargados de picardía. Quizás escuche toda una disertación acerca de lo acertado de un paso tan importante hacia la equidad de derechos o, por el contrario, fuertes palabras en rechazo a lo que “de toda la vida ha sido una inmoralidad”.

Lo innegable es que, unos más otros menos, todos ya saben y formulan su opinión respecto al susodicho. Sin embargo, posiblemente, en la misma cafetería, encuentre visibles muestras de duda y desconocimiento al lanzar al aire la interrogante sobre el artículo 21. ¿Será la propiedad un tema secundario o para después?

Este artículo, menos popular que su lejano primo –el 68– refiere cuestiones que atañen directamente, no solo al dueño del local de marras, sino a los muchos que en la Isla poseen fuentes de ingresos no estatales.

La vigente carta magna establece que la propiedad personal se ciñe “sobre medios e instrumentos de trabajo personal o familiar que no se emplean para explotar el trabajo ajeno”. ¿Qué ocurre entonces con aquellos que, en pos de un mejor servicio, contratan empleados, tal cual acontece por estos días?

Con la nueva constitución, no solo cambia de manera considerable el concepto de propiedad personal, también aparece la propiedad privada; un término por años marginado y a veces temido.

Los incisos “e” y “f” evacúan cualquier clase de dudas. Son personales aquellos bienes que contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular, reseña el anteproyecto. Mientras tanto, cuando usted convierte lo suyo en un medio de producción, en una vía para obtener ganancias, está en presencia de la –para muchos todavía impronunciable–propiedad privada.

Este cambio-adición en la esfera constitucional no llega para revolucionar el escenario cubano y sí para ajustarse a él. Surge ante nosotros para legalizar mecanismos que, por necesidades históricas, hubieron de implementarse y hoy, no más, existen. Surge para, en palabras del Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, abandonar los eufemismos y asumir esa realidad.

El artículo 21 también recoge otros dos nuevos tipos de propiedad: la cooperativa y la mixta, refrendadas en los incisos “b” y “c”, respectivamente. La primera aparece sustentada en el trabajo colectivo de los socios propietarios. La segunda se muestra cual combinación de dos especies diferentes de propiedad. Estas también vienen a sustentar legalmente el ecosistema cuentapropista que se haya en funciones.

Asimismo, son ratificadas otras categorías como la propiedad socialista de todo el pueblo y la de las organizaciones políticas, de masas y sociales.

El Título II del Proyecto de Constitución, “Fundamentos Económicos” recoge diez artículos –además del 21– que tratan otras especificidades respecto a la propiedad como temática.

El 22, por ejemplo, prescribe que el estado regulará “la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales”, hecho que alcanza una incidencia directa sobre la acumulación de riquezas.

Igualmente, resalta el artículo 31, donde se identifica al trabajo como “un valor primordial de nuestra sociedad. Constituye un deber, un derecho y un motivo de honor (…)”

En fin, un día de estos me gustaría llegar a punto de comercio –a cualquiera–, antes de que se apruebe el nuevo corpus constitucional, y poder intercambiar ideas con el dueño del establecimiento sobre temas que tanto lo atañen como resulta aquello que es suyo. También –por qué no– sobre el artículo 68.